El debate acerca de la necesidad de una nueva Constitución para democratizar realmente las instituciones del país se está haciendo a medias y en círculos restringidos.


La élite política quiere una Constitución remozada desde arriba. Los “constitucionalistas” están escamoteando el debate de fondo, ya que no habrá una nueva Constitución Republicana legítima que exprese y codifique nuevas relaciones políticas, sociales y económicas democráticas sin la elección por sufragio universal de una Asamblea Constituyente que redacte la nueva Carta Fundamental.

Para que este escenario se haga realidad, es necesario que en el proceso mismo se genere un gran movimiento del pueblo ciudadano que imponga su voluntad sobre la escena política. Sólo así los cambios culturales, de mentalidades y la última generación de derechos civiles y colectivos podrán plasmarse en un texto Constitucional a la altura de los desafíos de los tiempos presentes.

El temor de las élites políticas, e incluso de los actuales candidatos de Chile Vamos, Nueva Mayoría y de sus asesores es que esto ocurra. Que un clamor e impulso democrático surja desde abajo, les dé vuelta el tablero y los obligue a ir al fondo de los problemas. Por eso, los candidatos de la derecha y sus correligionarios se agitan tanto, apalean nubes y levantan polvo. Pese a las apariencias y a la escenografía mediática, son los viejos rituales que se repiten. Los mismos que han llevado al desprestigio de la actividad política.

Los presidenciables que hacen gárgaras con los eslóganes del cambio tendrían que pronunciarse claramente por el cambio de Constitución; con Asamblea Constituyente.

Y quienes defienden la actual Constitución (entre ellos connotados analistas políticos sistémicos como Patricio Navia) lo hacen a sabiendas de que ésta es fraudulenta aprobada por un plebiscito manipulado por la junta militar en tiempos de la dictadura de Pinochet, lo que la transforma en un muro de contención de las exigencias en pos de más democracia económica, más derechos colectivos, más igualdad real y mayor garantía de vida concreta y digna para los chilenos. 

La coyuntura electoral es oportuna. Habría que aprovecharla. Sólo un ejercicio democrático y participativo que movilice a todo el país y sobre todo a los trabajadores, a los sectores asalariados medios, a los estudiantes, a las mujeres, al pueblo mapuche y a los sectores populares, podrá dar impulso a la gestación de una Constitución Republicana que esté atravesada desde la “A” hasta la “Z” por un espíritu de justicia y de solidaridad de cara al futuro.

La Constitución del ’80, (resultado de una correlación de fuerzas favorable en aquel momento a los sectores económicos dominantes) además de desprestigiar la política y las instituciones, adolece de un vicio de forma puesto que es un engendro de la violencia dictatorial y en su contenido y articulado. Expresa los intereses de la oligarquía empresarial y, luego, tras enmiendas, los de la élite política binominal. La Constitución del 80 tiene el gusano dentro de la fruta. Ella arrastra —como bien lo diría Jacques Derrida— su “Principio de ruina”.

En el “espíritu” de la Constitución imperante y en filigrana, por ejemplo, el derecho “liberal” a manifestar está supeditado al principio autoritario de preservación del “orden público”, el mismo que permite reprimir y matar a manifestantes.

En su esencia misma, y pese a las reformas y a la firma de Ricardo Lagos, la Constitución imperante impone una visión excluyente de los derechos y prerrogativas de las mayorías ciudadanas. Además, su faceta economicista y neoliberal la desvirtúa y revela asimismo sus intenciones de clase al supeditar lo político y lo social a los mecanismos y relaciones capitalistas de producción y dominación.

En la Constitución vigente se sigue anteponiendo y privilegiando la defensa de la propiedad privada de los medios de producción por encima del bienestar y goce por las mayorías de bienes públicos fundamentales como la salud, el agua, la energía, el medioambiente saludable, la educación y la vivienda. De igual manera, la constitución actual, favorece la entrega de los recursos naturales a la dinámica depredadora del capitalismo global.

Esta situación debe ser revertida. La nueva Constitución debe expresar los requerimientos democráticos y las correlaciones de fuerza del presente. La única manera es volver al principio original. A la idea democrática fundamental de que el origen del poder o soberanía constituyente (es lo mismo), en una nación que se asume como una democracia auténtica, reside en el pueblo, en los ciudadanos.

El primer paso en pos de este objetivo es que los ciudadanos decidan constituirse en una “Asamblea Constituyente Amplia” (seamos redundantes para que quede en claro cuál es el origen del poder político en una democracia) el día mismo y por el acto de elegir democráticamente por sufragio universal directo a sus representantes en una Asamblea Constituyente.

El segundo paso, inseparable del anterior, es la redacción por la Asamblea Constituyente electa y legítima, previo debates y consultas a la ciudadanía, de la Constitución democrática de la república o comunidad de ciudadanos que se dan (autogobiernan) leyes, normas y derechos para vivir en condiciones concretas de Justicia e Igualdad. El último paso es plebiscitarla. No hay otra manera de reconstruir confianza en las instituciones y en la política.


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Felipe Henríquez Ordenes

Zurdo, DDHH. Ateo BRAVO. En la búsqueda de la verdad y justicia. Autor de los Retazos de la Memoria Chilena.

Twitter: @PipeHenriquezO – Correo Electrónico: fhenriquez@vcc.cl

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