“La existencia de recintos penitenciarios para condenados por crímenes contra los derechos humanos, en los que éstos disponen de una diferenciación infundada, constituye una situación emblemática en el contexto de las deudas pendientes del Estado, en materia de justicia y garantías de no repetición, sobre la vulneración de los derechos de miles de chilenos. Terminar con Punta Peuco es aunque insuficiente, absolutamente necesario”.


La insinuación de la presidenta Bachelet en términos de que, en cumplimiento de su compromiso adquirido con Carmen Gloria Quintana, cerraría próximamente el penal de Punta Peuco, es una cuestión de gran relevancia, que por respeto a todas las agrupaciones de sobrevivientes de prisión política y tortura, y familiares de víctimas de la dictadura, merece ser explicitada y, desde luego, ejecutada cuanto antes.

La existencia de recintos penitenciarios para condenados por crímenes contra los derechos humanos, en los que éstos disponen de una diferenciación infundada, constituye una situación emblemática en el contexto de las deudas pendientes del Estado, en materia de justicia y garantías de no repetición, sobre la vulneración de los derechos de miles de chilenos. Terminar con Punta Peuco es aunque insuficiente, absolutamente necesario.

No podemos dejar de lamentar que éste anuncio se realice en las postrimerías de un período presidencial marcado por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en su Programa de Gobierno, con las diversas agrupaciones de sobrevivientes y familiares de ejecutados y desaparecidos políticos; compromiso que además involucra a la sociedad en su conjunto, en la medida en que no podemos consolidar una verdadera democracia, sobre la base del olvido y la impunidad.

Ésta situación nos debe llevar necesariamente al análisis de lo que queda por hacer y las propuestas que los programas presidenciales proponemos al respecto.

Por nuestra parte, planteamos un conjunto de iniciativas legales y administrativas que amplíen las posibilidades de avanzar en la verdad de lo ocurrido, particularmente con los más de mil detenidos desaparecidos de cuyo destino nada se sabe, de manera que el Estado se haga cargo de generar una instancia de búsqueda y cruce de información, que esté en permanente contacto con los procesos judiciales en curso y con el cúmulo de archivos que se han generado a partir de las diversas Comisiones de Verdad e investigaciones penales.

Asimismo, impulsaremos que la distinción entre delitos comunes y crímenes de lesa humanidad, se logre concretar en todos aquellos ámbitos que sean necesarios, para impedir la aplicación de figuras que perpetúan la impunidad, como la media prescripción, los beneficios carcelarios y el indulto; así como concretar la degradación de los miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas, condenados por estos crímenes, entre otras.

En cuanto a los sobrevivientes de prisión política y tortura, en materia de reconocimiento, proponemos establecer mecanismos permanentes y fidedignos de calificación de víctimas; en cuanto a la reparación integral, proponemos una reestructuración del Programa Prais y una política efectiva de parte del Estado para reparar económicamente el daño causado. En materia de justicia, proponemos ampliar la capacidad profesional y atribuciones del Programa de Derechos Humanos, para que puedan iniciar procesos con el fin de determinar las responsabilidades penales sobre los casos de tortura ocurridos durante la dictadura.

Igualmente, los sitios de memoria y todos aquellos lugares que fueron recintos de reclusión, tortura y desaparición de personas, deben ser comprendidos en el marco de una política para la memoria del país. Muchos de estos recintos se han recuperado gracias al esfuerzo de las propias organizaciones y familiares de víctimas, los menos han recibido financiamiento del Estado.

En el mismos sentido, proponemos que, tanto en Carabineros como en las Fuerzas Armadas, debe impulsarse un proceso transversal a todas las jerarquías, de educación y respeto por los Derechos Humanos, con intervención de organismos y entidades externas que aseguren que ello incida en la formación de los uniformados y no sea, como hasta ahora, una cuestión de cumplimiento estrictamente formal.

Más allá de ésta síntesis, nuestras propuestas no nacen de nuestra imaginación, son parte de las incansables demandas que las agrupaciones han reclamado públicamente; es entonces, la convicción de que el Estado debe atenderlas y concretarlas como políticas públicas prioritarias, la que nos motiva a comprometerlas.

En efecto, los esfuerzos que se deben realizar en estos ámbitos tienen que ver con el carácter de una sociedad capaz de conocer y reconocer colectivamente su pasado, haciéndose cargo de lo difícil que es afrontar las consecuencias individuales y sociales de una de las etapas más oscuras y complejas de nuestra historia. El modo en que lo hagamos determina, en gran parte, el lugar que ocuparán los derechos humanos en la sociedad en la que nos vamos convirtiendo.

Paz Becerra
Yerko Ljubetic
Marcela Sandoval


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Felipe Henríquez Ordenes

Zurdo, DDHH. Ateo BRAVO. En la búsqueda de la verdad y justicia. Autor de los Retazos de la Memoria Chilena.

Twitter: @PipeHenriquezO – Correo Electrónico: fhenriquez@vcc.cl

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