Pese a que el Vaticano argumentó en contrario, la Comisión sobre Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, en mayo de 2014, determinó que el Vaticano es responsable de abusos y violaciones a menores, cometidos por sacerdotes dependientes del Vaticano, en cualquier país en que estos hubiesen ocurrido.


La Comisión determinó que existía responsabilidad, abriendo así la puerta a que las víctimas, en aquellos países que adhirieron al Tratado sobre la Tortura, demanden por los daños causados por sacerdotes.

Para eso el organismo estudió numerosos casos de abuso, encontrando, según palabras de la relatora de esta Comisión, Felice Gaer, “más de cincuenta” en que el Vaticano tiene directa responsabilidad.

En Chile se dice que la iglesia católica “encubre” los casos donde sacerdotes violan niñas, niños y jóvenes, porque esconden a la opinión pública las denuncias y los resultados de sus propias investigaciones sobre abuso sexual cometido por miembros del clero.

Pero esta iglesia ha hecho mucho más que eso: ha protegido a los abusadores, en algunos casos persiguiendo a las víctimas para que retiren las acusaciones.

Proteger, según la Real Academia de la Lengua Española es “Amparar, favorecer, defender. Y como segunda acepción: “Resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro, poniéndole algo encima, rodeándole, etc.”

Y sin lugar a dudas, lo que la iglesia católica hizo en el resto del mundo, también lo hizo en Chile.

Quiero recordar el primer caso que explotó en nuestro país. El del infame cura Tato.

Durante algunos años, en la década de los 80, el sacerdote José Andrés Aguirre, conocido como el “cura Tato”, se desempeñó como director espiritual en los colegios Villa María Academy, Sagrado Corazón de Apoquindo, Juanita de Los Andes, Bradford y Sagrados Corazones de Manquehue y también fue confesor del colegio Verbo Divino. En la misma época era párroco de la iglesia de Colón Oriente.

Según el proceso judicial los abusos comenzaron en 1984. Enterado de esto, el arzobispado -según ellos a modo de castigo- lo envió en 1994 a Costa Rica y luego a Honduras, evitando así las querellas en su contra. Lo mantuvieron 4 años fuera y volvió en gloria y majestad.

Pero esta vez, la iglesia tuvo buen cuidado de no mandarlo a Las Condes, y lo instaló en la Vicaría Pastoral de Quilicura, donde trabajaba -en realidad abusaba- con niños y jóvenes vulnerables.

Allí violó, entre otras, a una niñita de 11 años, cuyos padres no fueron al arzobispado sino a la justicia y el sacerdote fue condenado a 12 años de cárcel, de los que cumplió 9 de pena efectiva.

Él fue detenido en el aeropuerto, cuando volvía de Honduras, el 2002, donde había sido enviado nuevamente por el arzobispado cuando se enteraron, en 1998, de nuevas denuncias por abuso y violación de menores. Dos veces lo sacaron de Chile para evitar el castigo penal.

Por los primeros abusos no hubo condena, pues la iglesia logró mantenerlo a salvo, hasta que prescribieron.

Es claro que en este caso, como en otros, no hubo solo ocultamiento de la verdad, el arzobispado funcionó como una red de protección para este criminal.

También funcionó como red de protección en el caso de monseñor Cox, hasta ahora fuera de Chile, y en el caso Karadima, donde las víctimas fueron perseguidas por sacerdotes para impedir que denunciaran a la justicia estos hechos.

Y ellos, los abusados por Karadima, debieron pasar una y otra vez por tribunales, ir una y otra vez a satisfacer el morbo de la prensa nacional, para conseguir algo de justicia. Esta vez la iglesia católica sí logró dilatar la tramitación de las denuncias hasta que los delitos estaban prescritos. La participación del cardenal Errázuriz fue detallada en el proceso penal y cuando los querellantes pretendieron hacerlo responsable, como cómplice o encubridor, el Vaticano lo sacó del país y le otorgó un cargo en Roma.

¿Y qué hizo la iglesia con Karadima?. Le siguió un juicio canónico, por abuso y violación sexual de menores y le impuso al condenado una pena de “penitencia y oración” que debe cumplir cómodamente en un convento ubicado frente al Parque Bustamante. Ahí pasa sus días Karadima, paseando por el parque, feliz entre niños.

Consultado al respecto, el cardenal Ezatti señaló:“Por supuesto que puede salir. No está en la cárcel”.

¡No! la Iglesia chilena no ha sido encubridora, ha protegido, ha ayudado a violadores a evadir la justicia, los ha reubicado en los sectores más vulnerables de Chile, los ha sacado del país para que no vayan a la cárcel. ¡No! esto no es encubrir, esto es ayudar, proteger; favoreciendo así que más niños sean abusados sexualmente por sacerdotes.

La Comisión contra la Tortura de la ONU lo sabe, y hace alusión al cardenal Errázuriz, quien suspendió por 3 años la investigación contra Karadima, dejando al pedófilo en completa libertad de acción y luego poniéndolo sobre aviso cuando se reactivó la denuncia. A Ezzati se le critica por “no actuar, encubrir las denuncias de violencia sexual y obstruir la justicia”.

¿Cuál fue la defensa del Vaticano ante la Comisión? Argumentar que no era responsable de todo esto, que cada iglesia, de cada país, debía hacerse responsable por estos casos. Su intención es obvia: busca evitar verse obligado a desembolsar dinero para indemnizar a las víctimas.

Naciones Unidas señaló que el tratado que ellos firmaron los hace responsables de los actos criminales de los sacerdotes en todo el mundo. Como cualquier estado es responsable de los crímenes que cometen sus funcionarios dentro y fuera de su país.

Pero para mí, este fallo de la ONU tiene algo más implícito.

La Comisión contra la Tortura no deja lugar a dudas. El abuso, la violación sistemática, que se mantiene en el tiempo, más allá de un mero delito de oportunidad, es un acto de tortura. Chile debiera, entonces, declarar que los abusos sexuales a menores, cometidos en forma reiterativa y permanente en el tiempo por sacerdotes, como funcionarios del Estado Vaticano, son crímenes de lesa humanidad y por tanto deben también ser considerados inamnistiables e imprescriptibles.


Trinidad Lathrop Leiva


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