Por Trinidad Lathrop Leiva.


Estos últimos días hemos visto una campaña dirigida a permitir el otorgamiento de beneficios penitenciarios a personas mayores condenadas por diversos delitos, que sufran enfermedades terminales o demencia senil.

Inicialmente me gustó la idea.

Pero de inmediato me puso en alerta el hecho de que entre los reos comunes no hay más de 7 en esta situación. Y que fueran senadores de derecha los que impulsaban beneficios penitenciarios para un viejito ladrón me resultaba sospechoso.

Y bueno, claro, ellos incluyen a los condenados por crímenes de lesa humanidad que están en Punta Peuco.

Aún así, lo pensé …lo pensé mucho.

Me tardé en escribir esta columna precisamente por eso. Porque no me decidía.

Para mí es cosa de humanidad mejorar las condiciones de condena de las personas mayores, muy mayores y enfermos, que hayan cumplido una parte de su pena en la cárcel.

¿Pero a los criminales de lesa humanidad?

Convengamos que son personas, que tienen derechos humanos, y sin embargo, al mismo tiempo son los peores criminales que reconoce el derecho penal internacional… Tenía dudas.

Busqué en la doctrina, y encontré dos corrientes.

La primera, conocida por todos, que señala que no debe haber beneficio algunos para violadores de derechos humanos.

Otra, una nueva corriente, que apunta a otorgarle beneficios en situaciones límites, como por ejemplo demencia, enfermedad terminal, y otras que se utilizan hasta ahora en criminales comunes.

La idea, hasta donde entendí, es otorgarle el derecho a tener las mismas exigencias y beneficios que un reo común que cometió un crimen agravado y reiterado.

Y ahí encontré la respuesta.

La primera exigencia para tramitar un beneficio a un reo común, es mostrar que el criminal comprende lo violento y perjudicial de su acción, que sabe el daño que causó y que esa acción es intolerable para la sociedad toda, que está arrepentido, que ha pedido perdón a sus víctimas, que ha tratado de enmendar en lo posible el daño causado.

Y ¿qué tenemos en Punta Peuco? “Viejitos” que dicen estar presos injustamente, que se niegan a revelar donde están los restos mortales de sus víctimas, que justifican sus crímenes, ya sea diciendo “me mandaron”, ya sea señalando que “la víctima lo merecía”.

Miguel Krassnoff hizo escribir un libro: “Prisionero por servir a Chile”.

Un tipo que violaba mujeres y niñas, que pateó en el suelo a una mujer embarazada hasta dejarla agonizando, para pegarle un tiro después “por comunista y judía”, dice que está condenado por servir al país.

Tenemos a sujetos que dicen estar presos “porque los jueces son comunistas”, sin reconocer hechos que están indudablemente probados en juicio justo, con todas las instancias legales.

Tenemos un grupo de presos que culpan al gobierno de Allende, a sus superiores, a sus inferiores en la escala de mando, a las víctimas, a los jueces pero no reconocen la barbarie de sus actos. Que apuñalaron a Tucapel Jimenez; que degollaron, después de torturar, a Manuel, José Manuel y Santiago.

Que mataron y arrojaron al mar a jóvenes, amarrados a rieles de ferrocarril, y que culpan a otros por las acciones que ellos realizaron.

¿Cómo podemos dejar en libertad o concederle beneficios a un criminal que cree que, bajos ciertas circunstancias, se puede violar a una niña?

¿Cómo damos beneficios a criminales que sienten que sus actos están justificados porque las víctimas de sus crímenes les parecían malas personas?

¿Le daría usted beneficios penitenciarios a un ladrón que le dijera que robó porque la víctima era pajarón y se lo merecía? ¿Que violó a una niña de 15 años porque era bonita? ¿Que pateó hasta la muerte a una mujer embarazada por ser judía? ¿Los mandaría a su casa? Yo no.

Creo que el estado debe garantizar el bienestar de todos los reos del país, todos. Incluidos estos criminales, pero deben cumplir su pena en la cárcel. Porque definitivamente el justificar sus actos, los más brutales crímenes cometidos en Chile, los convierte en un peligro para la sociedad. No deben participar de la educación de sus nietos, ni deben tener prensa, ni hacer clases a otros carabineros o militares, no deben participar de la vida política nacional.

Así es que …me decidí.

Estoy en contra de cualquier beneficio a criminales de lesa humanidad que -contumaces- no reconozcan sus crímenes, no entreguen a sus cómplices, mantengan pactos de silencio, no digan dónde están los desaparecidos y culpen a las víctimas y otros de los delitos que ellos cometieron.

Si alguien ha colaborado siempre con la justicia, ha entregado a sus cómplices, ha dicho todo lo que sabe, ha cumplido la mayor parte de su pena en la cárcel, reconoce el daño causado y se encuentra en situación terminal, entonces, podemos hablar. Ninguno de los que está en Punta Peuco cumple esos requisitos. Y muy difícilmente alguien podría cumplirlos, si han pasado 40 años y han guardado silencio sobre sus crímenes durante todo este tiempo, agudizando el dolor de las víctimas que aún buscan restos de sus familiares.

Ellos culpan a otros de sus delitos. Delitos que -repito- son los crímenes más atroces que hemos visto en este país, agravados por el hecho de usar la maquinaria estatal para cometerlos sobre seguro y tratar de quedar impunes.


Trinidad Lathrop Leiva


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