Chile tiene aún una deuda pendiente con los centenares de familiares de torturados, ejecutados, detenidos desaparecidos y víctimas directas de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante los 17 años de Terrorismo de Estado.


No ha tomado cuerpo la idea que la verdad y la justicia es el componente indispensable para la reconciliación y no clemencia para los militares, como parece creen algunos, incluso aquellos del gobierno actual, el de Michelle Bachelet.

El tiempo no ha corrido a favor de los deudos, sus frustraciones se han sucedido una tras otra. Hace falta una auténtica política pública en materia de memoria histórica. Lo realizado en términos de justicia ha sido exiguo y se avanza poco. Se hace necesario instalar una propuesta en la sociedad que la despierte como un todo y comprenda el drama que agobia a nuestros familiares.

El Estado chileno ha sido incapaz de asumir frontalmente la trágica memoria colectiva, pese a haber trascurrido 27 años del supuesto retorno a la democracia, con una transición jamás completada.

Instalado un gobierno de derecha, por voluntad popular mayoritaria, en el cual participaron e influyeron defensores de la dictadura, esto fue aún más problemático. Era difícil imaginarse alguna acción a su favor cuando tantos personajes de los partidos que gobernaron junto al ex Presidente Sebastian Piñera, defendían a brazo partido al ex embajador Miguel Otero en sus favorables opiniones sobre la represión. Aún así, el ex Presidente Piñera, pasando por encima de todos aquellos personajes, tomó la decisión de cerrar Penal Cordillera, una de las dos cárceles especiales creadas por el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, para los asesinos y criminales que cometieron los más horrendos crímenes durante 17 años de Terrorismo de Estado.

La situación de deuda aparece muy difícil de saldar, al existir una sociedad de mercado en que prima el individualismo, el consumismo, el ansia de lucro, el exhibicionismo farandulero y la falta de auténtica solidaridad que la hace insensible al sufrimiento de los demás.

Los principales deudores son los militares tan renuentes a colaborar para esclarecer la verdad de lo ocurrido a los detenidos desaparecidos, con un mal entendido espíritu de cuerpo y de lealtad a Pinochet y a sus esbirros, aún ocultan un cobarde pacto de silencio. Ahí siguen, negando lo que todos saben, como lo hizo el Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Ahí están los valientes soldaditos, no son solo más que una tropa de cobardes y cómplices de los asesinos.

La Corte Suprema que si hubiese cumplido debidamente su rol durante la dictadura, habría evitado tantas muertes, hoy en día sistemáticamente reduce las penas que los jueces aplican a los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Los medios de comunicación, que tan vilmente los denigraron durante la dictadura, permanecen indiferentes o los censuran, cuando deberían tener un sentimiento de culpa.

La Iglesia Católica, que hizo tanto a su favor en los tiempos del cardenal Silva Henríquez y los obispos Santos, Camus, Hourton, González y otros, aparecen el año 2010 con una repugnante postura en defensa, como un “acto humanitario” a los militares condenados por violaciones a los derechos humanos con la creencia que con ello contribuye a la reconciliación.

Para las Agrupaciones de Derechos Humanos fueron indignantes las múltiples gestiones realizadas por el presidente Frei, Insulza, Lagos y otros dirigentes de la Concertación para que se lograra el retorno de Pinochet por artificiosas razones humanitarias. Estaban conscientes que en Chile iba a ser imposible condenarlo, como en realidad ocurriría.

La muerte del dictador Augusto Pinochet, sin ser condenado por la justicia, causó desengaño en las integrantes de la AFDD. Ellas deseaban que viviera lo suficiente para que fuera sentenciado. Cada una de las dilatorias acciones de la defensa del dictador para que se muriera antes del fallo de alguna de las múltiples causas seguidas en su contra les indignaba e indigna a la sociedad toda.

La ineptitud de la justicia chilena, que se ha experimentado en carne propia durante todos estos años instalada la transición a la democracia, nos ha sido nuevamente demostrada.

¿Cuánto tiempo más debemos esperar para que se haga justicia? Los familiares de las víctimas mueren sin haber visto un ápice de justicia. Morirán todos los criminales y no los juzgarán porque ya son muy ancianos como para recibir debidamente el castigo que merecen. La justicia no actúa ni ha actuado como lo harían en cualquier país civilizado, menos en este, tal parece que sólo en Chile, suceden este tipo de aberraciones.

JUSTICIA, ¿será demasiado lo que estamos pidiendo?
¿Hasta cuándo?… ¿Hasta cuando?

Felipe Henríquez Ordenes


Voz Ciudadana Chile en facebook
Comenta esta entrada con tu cuenta de facebook
Compartir
Felipe Henríquez Ordenes
Zurdo, DDHH. Ateo BRAVO. En la búsqueda de la verdad y justicia. Autor de los Retazos de la Memoria Chilena. Twitter: @PipeHenriquezO - Correo Electrónico: fhenriquez@vcc.cl