Opinión, por Trinidad Lathrop: Un Estado fallido

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El Estado se alió con el poder económico, contra los ciudadanos.


Haciendo suya la teoría del enemigo interno, protege con violencia los intereses de unos pocos en contra de la mayoría. Mayoría que, irónicamente, ganamos menos y pagamos proporcionalmente más impuestos.

Ante el poder económico el Estado de Chile es un Estado fallido: varias superintendencias sin facultades. Un SII que recauda entre los pequeños y perdona a los grandes. Un ministerio de salud que vía bonos y otras triquiñuelas les pasa dinero a las clínicas privadas a costa de la salud pública.

Un Estado que agrede constantemente a los ciudadanos: los agrede si copian un CD, si plantan una mata de marihuana, si abortan, si protestan, pero nunca ejerce poder sobre las grandes empresas que evaden, eluden, segregan, dividen, vulneran derechos de los trabajadores.

Un Estado que mira para el otro lado cuando empresarios nos estafan. Colusiones múltiples, donde mas dañan: farmacias, supermercados, bienes y servicios básicos, salud, educación…

El Fondo de Utilidades Tributables (FUT) acumuló el 31 de diciembre de 2014 US$ 257.950 millones, el equivalente al Producto Interno Bruto (PIB) de Chile del mismo año. Eludieron todo un PIB de Chile. Mientras los trabajadores que participaron en negociaciones colectivas durante el año 2013 no alcanzaron el 1% en reajustes salariales.

Los acuerdos se hacen a puerta cerrada, negando paso al principal acuerdo que es Asamblea Constituyente.

Sin embargo, de a poco, unos de los poderes del Estado parece estar despertando… Los Tribunales de Justicia, especialmente la Corte Suprema, nos asombran con fallos que no esperábamos.

Hace un par de meses resolvió contra el reemplazo en huelga. Falló también reconociendo relación laboral a trabajador contratado “a honorarios”, falló contra Cencosud, etc.

Y es una buena noticia para todos.

Precisamente son los tribunales superiores de justicia quienes deben garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio de sus derechos.

Recordamos aún con dolor, cuantas muertes pudieron evitarse en dictadura si los tribunales hubiesen cumplido con su cometido.

Esperemos que esto no sea transitorio, y que la Corte Suprema no vuelva a olvidar que es un poder del Estado y que debe actuar en consecuencia.

Pero, ¿cómo enfrentamos la desidia del Estado frente al poder fáctico del dinero? La legislación chilena es muy dura cuando se trata de delitos que cometen los más pobres. Y es absolutamente inocua en los delitos que cometen, o podrían cometer los más ricos.

Desde los fraudes al Fisco hasta el abuso sexual a menores.

Recién ahora logramos que se aumentaran las penas de quien, manejando borracho, atropella y mata a alguien.
Tal como está construida nuestra legislación penal, es una legislación clasista.

Debemos enmendar eso. Y es urgente.

La desigualdad económica ya por sí sola es grave, pero cuando esta alcanza a la desigualdad ante la ley, entonces es la democracia la que se tambalea.

Urge ponernos de acuerdo, urge un nuevo código penal, un nuevo código laboral, nuevas normas tributarias. Y por cierto, urge que todas aquellas leyes tengan un sustento legítimo en una nueva Constitución con participación ciudadana, que nazca en una Asamblea Constituyente y sea aprobada por plebiscito informado.

Chile ya no da para más parches. Ya el tejido social se ha rasgado irreparablemente. Hay que rehacerlo.

Es, por tanto, indispensable que la ciudadanía deje de distraerse de lo central. Que nos unamos con la idea clara y decidida de lograr, durante este gobierno, un plebiscito vinculante que obligue al Estado a convocar a una Asamblea Constituyente. Ese es el puerto al que debemos arribar.


Trinidad Lathrop Leiva


Publicado originalmente en El Diario El Pilín


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