¿Cuales son los derechos de los padres frente a los colegios?

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¿Es obligatorio el uso de uniforme? ¿Los colegios subvencionados pueden pedir textos adicionales a los del Estado? Expertos responden algunas dudas de los apoderados.

A un año de la puesta en marcha de la ley de inclusión escolar aún son muchas las preguntas que tienen los padres chilenos sobre los derechos que ellos y sus hijos tienen frente a los colegios que eligieron para educarlos. ¿Es obligatorio el uso de uniforme escolar? ¿Pueden los colegios exigir la compra de útiles escolares de marcas determinadas o textos especiales? ¿Qué participación tienen los apoderados en la elaboración de los proyectos educativos o los manuales de convivencia?.

La ley 20.845 de inclusión escolar es la que regula la admisión de los estudiantes, elimina el financiamiento compartido, prohíbe el lucro y defiende a los escolares contra diversas discriminaciones estableciendo, por ejemplo, que ningún colegio municipal, particular subvencionado o particular pagado puede privar de clases a un alumno por no tener algún material, uniforme o texto solicitado.

Los padres tienen herramientas para hacer denuncias al respecto, primero ante el establecimiento y, de no ser acogido el reclamo, ante la Dirección Provincial correspondiente o, derechamente, ante la Superintendencia de Educación.




Según explica Óscar Acevedo, jefe del Departamento de Denuncias y Mediación de la Superintendencia de Educación, este organismo recibe todas las denuncias de los padres que sientan que la dignidad o el derecho de sus hijos a ser educados han sido vulnerados. “La Superintendencia puede conocer las denuncias de los apoderados, gestionarlas y eventualmente sancionar al colegio si es que se comprueba alguna práctica ilegal”, dice Acevedo.

En tanto, Eduardo Catalán, presidente de la Asociación Metropolitana de Padres, Madres y Apoderados (Amdepa), cree que deberían ser los Centros de Padres los que actuaran como mediadores entre los padres y los establecimientos en estos temas, pero esto hoy no ocurre. “Hoy los Centros de Apoderados son única y exclusivamente entes de negocio dentro de los centros educacionales. Se dedican a vender la corbata o la libreta, pero no a tocar temas profundos”, señala. Para lograr un cambio en el rol de estas organizaciones, Catalán postula otorgarles una “nueva institucionalidad”. “El decreto 565 que regula a los centros de padres está obsoleto”, apunta.

Por otra parte, Hernán Herrera, presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, defiende el derecho de los colegios de imponer sanciones que sean acordes con sus proyectos educativos.

“El año pasado no tuvimos problemas con la ley de inclusión, porque las familias adscriben a los proyectos educativos. No es igual que en los colegios municipales, porque los apoderados aquí están tan comprometidos como el colegio en que los niños cumplan con algunas normas”, explica.

Uniforme escolar

Según la ley el uso del uniforme escolar no es obligatorio. Sin embargo, los establecimientos educacionales pueden, con acuerdo de su Centro de Padres y Apoderados, del Consejo de Profesores y previa consulta del Centro de Alumnos, establecer su uso obligatorio, siempre que sea económico. En este sentido, el dirigente de padres y apoderados Eduardo Catalán llama a los padres a participar en estas instancias, porque ese es el lugar para definir temas como estos.

La Superintendencia de Educación recalca, en tanto, que no se puede prohibir el ingreso de un alumno a clases por no cumplir con el uniforme. Sin embargo, un establecimiento que ha acordado su uso obligatorio, puede no renovar la matrícula a un alumno que se niegue a usarlo, aunque no puede expulsarlo en una época del año en que no pueda optar a matrícula en otro colegio.

En Educación 2020, en tanto, advierten que los directores siempre tienen la facultad de eximir del uso obligatorio del uniforme, en casos calificados.

Disciplina y expulsiones

La disciplina y las normas para la expulsión de un alumno son dos de los temas que más han enfrentado a la autoridad con los colegios particulares.

La ley de inclusión establece que los colegios no pueden dejar sin clases (suspender o expulsar) a los alumnos por no tener el uniforme, no cortarse el pelo, no tener textos o útiles y sólo puede imponer sanciones menos drásticas como anotaciones. La ley también prohíbe expresamente que se expulse en caso de embarazos, cambio de estado civil de los padres y por repetir una vez en educación básica y una vez en educación media.

La norma también establece que ningún colegio, ni aún los privados sin aportes del Estado, podrán discriminar arbitrariamente a sus estudiantes por razones socioeconómicas, situación de la familia, proyecto educativo, religión, etcétera.

Sin embargo, la ley también es clara en autorizar a los colegios a hacer firmar a los apoderados una adhesión al proyecto educativo del establecimiento. A juicio de los colegios particulares, “este elemento es el que prima y el Ministerio ha debido reconocerlo”, según argumenta Hernán Herrera.

Útiles y textos escolares

La ley chilena establece claramente que los colegios, cualquiera sea su calidad, no pueden exigir útiles con marca u obligar a los padres a comprar útiles en un determinado lugar. Sólo pueden sugerir la compra de ciertos útiles por temas pedagógicos o sanitarios, debidamente establecidos.

En el tema de los textos escolares hay claras diferencias entre los colegios públicos y los subvencionados o pagados. En los primeros el Estado entrega gratuitamente cada año y a cada niño un set de libros cuya calidad, a juicio de Educación 2020, no tiene hoy cuestionamientos pedagógicos y son validados ampliamente por los expertos.

Los colegios particulares subvencionados también reciben los textos gratis del Ministerio de Educación, pero podrían rechazarlos o pedir complementarios. Pero, como explica Hernán Herrera, presidente de Conacep, esos colegios no sólo deben explicar al Ministerio las razones de su decisión, sino que deben adoptarla en acuerdo con el Centro de Padres. “Se excedería el colegio en exigir algo en lo que no estén de acuerdo los padres”, explica Herrera, y agrega que si el colegio pide “textos adicionales deberá haber un acuerdo con los padres o el establecimiento deberá proveerlo. De no ser así lo padres podrán hacer la denuncia”.

Finalmente, los colegios particulares pagados tienen total libertad para pedir los textos que estimen convenientes para su proyecto educativo. Sin embargo, la Superintendencia recuerda que estos colegios también tienen prohibido privar de las actividades escolares a los alumnos que no cuenten con este material, lo que puede ser denunciado ante este organismo.

Proyecto educativo

Los colegios siguen teniendo libertad para establecer y llevar a cabo su propio proyecto educativo. Es más, la ley permite a los centros educacionales particulares exigir a los padres la firma de un contrato en que adscriban al proyecto educativo del mismo.

Ahora bien, como explica Hernán Herrera, “hay conceptos gruesos en el proyecto educativo (de los colegios particulares) que no van a cambiar. Sin perjuicio de eso, la interacción de las comunidades educativas permite que en muchas oportunidades se hagan modificaciones para mejorar la gestión del colegio o para la integración de los padres y de los hijos”.

Ante esto, Eduardo Catalán aconseja a los padres preocuparse siempre de conocer el proyecto educativo y leer el manual de convivencia interno de los colegios a los que esté postulando su hijo. Asimismo, participar activamente de las instancias para entablar relación con el establecimiento, como reuniones de apoderados, e instancias establecidas por ley para la resolución de conflictos, como los Consejos Escolares que, según cuenta Catalán, la ley exige a todo tipo de establecimientos.

Por María Eugenia Durán.

Fuente : http://www.lahora.cl

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